LA CRISIS económica nos obliga a hacer una nueva lectura del
territorio, pues hasta ahora las medianías, y en particular en el mundo rural,
se había entendido como un marco a naturalizar pensando que ya habíamos
superado los tiempos de la agricultura de autoabastecimiento y que la Unión
Europea, cargada de excedentes alimenticios, atendería nuestras demandas y lo
que hasta ahora se valoraba en la UE era nuestra diversidad y, sobre todo, la
llamada flora y fauna endémica de Canarias.
Por otra parte, tenemos una legislación urbana realizada por
técnicos y políticos desconocedores del mundo rural, que han elaborado un marco
legal para gestionar un medio rural sin apenas hablar con los interlocutores
directos del mismo: nuestros campesinos. En consecuencia, las normas que se
ponen en marcha apenas recogen las vivencias y las demandas del mundo rural y,
lo que es peor, se asocia que la cultura rural arruina o empobrece nuestro
medio ambiente. El monte, en consecuencia, y el campo lo cargamos de
delimitaciones territoriales y de teorías proteccionistas que apenas tienen que
ver con la realidad de los campesinos.
Sin embargo, los acontecimientos económicos ponen de
manifiesto que tal marco hoy es inviable y, de no corregirlo a corto plazo,
hará que el furtivismo se imponga sobre un marco legal alejado de las demandas
y necesidades objetivas de los vecinos. Ante esta realidad, nos encontramos el
pasado martes con un centenar de vecinos del Llanito Perera, en Icod de los
Vinos, que se quejan, con razón, de la burocracia y el papeleo con el que
tienen que luchar para hacer uso de sus tierras como antaño.
Es en este marco en el que redactamos estas líneas porque,
indudablemente, los vecinos tienen razón, pero todos tenemos unas limitaciones
para vivir en un país medianamente organizado. Es decir, hemos de facilitar que
las tierras abandonadas -antaño cultivadas- se limpien de la vegetación que las
ha ocupado en los últimos años.
Cuando esta vegetación es un monte cerrado hay que contar
con los equipos de Medio Ambiente para la limpieza de las mismas porque hay que
retirar pinos de 15 ó 20 metros de altura, laurisilva, etc. Sin embargo, si lo
que tenemos son matorrales, tabaibas, brezos o pinos pequeños, deberíamos estar
ante una limpieza totalmente tolerada. Es más, creemos que es conveniente que
se haga y se retire ese combustible ante un posible incendio.
Por lo tanto, tenemos que reconducir la situación mejorando
las relaciones entre los administrados y la Administración, en la que en estos
momentos se dan permisos para la retirada de pinocha o leña por periodo de un
año, o nuestros equipos de Medio Ambiente dan el máximo de facilidades para la
quema de rastrojos o limpieza de las huertas. Es más, queremos contar con los
vecinos para cortar pinos en las proximidades de las viviendas o bien que las
fincas particulares abandonadas en las proximidades de los caseríos sean limpiadas
por sus propietarios, ya que es su obligación, para evitar situaciones como las
vividas en 2007.
En este marco, Medio Ambiente y Seprona estamos en la mejor
disposición para tender puentes de colaboración con nuestros vecinos ante la
coyuntura social y económica que vive nuestro campo y, sobre todo, porque
entendemos que los mejores aliados de la naturaleza son nuestros campesinos. En
consecuencia, el diálogo y el entendimiento deben ser la causa que nos motiven
para evitar tensiones que derivan en problemas a los que viven más directamente
en nuestros campos y al medio ambiente en general.
Hemos de ponerle cara a los espacios y a las leyes. Nuestro
medio rural es duro -viento, sequía, topografía- y, en consecuencia, no debemos
amargarle la vida a su sufrido campesino con unas leyes que carecen de rostro
humano. Los que tenemos compromiso de gestión en el territorio en cada
localidad miramos a los ojos a nuestros vecinos y entendemos que el marco legal
con el que trabajamos en muchos aspectos está alejado de la problemática social
y ambiental. Nosotros tenemos la obligación de armonizar y aquí no valen
teorías de laboratorio, con leyes que tienen mucho de imposición y que apenas
le ponen rostro y sentido común a sus teorías. La Administración competente,
esto es, el Parlamento de Canarias, ha de modificar las leyes actuales para
adaptarlas a la realidad social y ambiental de nuestro territorio.
Wladimiro Rodríguez Brito es DOCTOR EN GEOGRAFÍA
EL DIA, 27 de Junio 2010
