Querido lector. Estos días han puesto en circulación la ley
de bienestar animal aplicada en este primer momento a las gallinas con
aspiraciones de continuar expandiéndose en el resto del sector ganadero dentro
de la UE. En Canarias la avicultura es una actividad importante no sólo por el
número de granjas y de aves que tenemos sino sobre todo porque nos suministra
huevos frescos sin depender de importaciones de países en los que los cuidados
y la alimentación de las gallinas distan mucho de nuestra cultura ganadera.
Por
otra parte, no olvidemos los puestos de trabajo y la actividad de numerosas
empresas situadas en las Islas, aunque no completemos todo el círculo, puesto
que los pollos en una partida significativa los importamos, significando algo
más de 15 kgrs por habitante /año. Desde enero, el nuevo marco legal reduce el
número de aves que podemos tener en las granjas el 20%, es más, les dan un
plazo a nuestros granjeros para aplicar dicha ley antes del 31 de julio de
2012. Con los nuevos planteamientos, una gallina ha de pasar de 550 a 750 cm2,
a lo que hay que incorporar una jaulas para veinte animales con unas bandejas
de baño con arena y una cortinilla para que hagan la puesta en intimidad. ¿Son
estas razones suficientes para que nuestro sector avícola deba invertir
40.000.000 de euros para estas supuestas mejoras en Canarias? Esto grava de
manera significativa el futuro de las explotaciones avícolas con costes que se
estiman por gallina de unos 20 euros. Lo que significa que numerosas granjas
tendrán dificultados no sólo por la inversión a realizar por parte de los
granjeros sino también por las dificultades de crédito o de espacio para la
ampliación. Sin embargo, como cosa curiosa, aquí no hay ninguna medida de
protección ni elemento de identificación para los huevos de importación que se
hayan producido en terceros países en los que no haya leyes de protección
animal como las que ahora se aplican. Valga como referencia que de los
35.000.000 de kilos de pollo importados el pasado año no tenemos el documento
de identidad de cada uno de ellos ni de cómo los alimentaron o cuidaron. Sin
embargo, desde Bruselas se nos dictan unas leyes que parecen propias de unos
funcionarios alejados de la realidad ganadera en una época alegre de la
economía que muy poco han tenido que ver con el mundo rural. Es más, en este
marco legislativo se nos aplica también el que las vacas que mueran en Canarias
no se pueden enterrar en las Islas y hay que llevarlas para incinerarlas en
Aragón, tema que viene ocurriendo desde hace unos seis meses, y dicha situación
que parece lamentable no sólo desde un punto de vista económico y social, sino
ambiental, y el consumo energético para trasladar estos animales a la
Península. Querido lector, estas líneas pretenden hacer una reflexión en voz
alta de un marco de leyes alejado de la realidad al que se une las de cosecha
propia, que tampoco tienen desperdicio, en la que las tabaibas o las aulagas
están más protegidas que los almendros o las higueras, y no digamos que hasta
para hacer reforestación en nuestros montes, es decir, para ahoyar hay que
hacer un estudio detallado de impacto… Es en este marco en el que planteamos
que el Gobierno de Canarias y el del Estado han de tomar una serie de medidas
para hacer unas leyes aplicables y que funcionen en nuestro territorio puesto
que ni tenemos recursos ni nuestros ganaderos están en condiciones de las
inversiones cuantiosas que le piden en estos momentos para esas granjas en que
las gallinas están en una especie de jaula de oro. Querido lector, hemos de
tratar lo mejor posible a las gallinas…, y también una ley de bienestar de las
personas, entre ellos a los ganaderos, de los que parece que no se acuerdan
estos funcionarios.
Wladimiro Rodríguez Brito es DOCTOR EN GEOGRAFÍA
DIARIO DE AVISOS, 26 de Enero 2012