La Unión Europea ha promulgado una serie de leyes de
protección ambiental dirigidas principalmente hacia la fauna y la flora con las
que ha discriminado a las personas, quedando aún peor la situación para
terrenos insulares pequeños y frágiles como el caso de Canarias.
Esto crea numerosas contradicciones, tanto en el plano
ambiental como en el social, ya que hay que tener en cuenta diferentes variables.
En Canarias vivimos en la actualidad más de dos millones de personas y en 100
años la población se ha multiplicado por cuatro: hemos pasado de unas 453.000
personas en 1910 a 2.118.000 individuos en 2010. No queremos comentar las
condiciones de vida de la población a comienzos del siglo XX y las que tenemos
hoy, en demanda de agua, servicios, y la frase que pronunciamos a diario sobre
el autoabastecimiento.
Es en este plano en el que citamos el título de este
artículo, las eurogallinas. Hasta hace poco, teníamos en las Islas 64 granjas
de gallinas con unos dos millones de aves que nos daban unos 40 millones de
docenas de huevos para el autoabastecimiento.
Sin embargo, la Ley de Bienestar Animal de la UE hace que nuestras granjas
tengan que reducir en más del 20% el número de aves, al pedir una mayor
superficie en las instalaciones para las gallinas, planteando que éstas tienen
derecho a un espacio más holgado e incluso a un ponedero en la intimidad.
Es más, en Alemania se está aplicando una ley que pide dos
metros cuadrados para cada gallina, o lo que es lo mismo, los dos millones que
teníamos en Canarias necesitarían ocho millones de metros cuadrados, es decir,
más de 400 hectáreas.
Así, teniendo en cuenta que en Canarias más de la mitad del
territorio está protegido, que las granjas han de estar alejadas unas de otras,
el marco de protección de suelo rústico y una población dispersa, hace que
nuestros granjeros lo tengan muy difícil para conseguir dónde poner las
granjas. De hecho, la protección ha llegado al punto de que se han sacrificado
gallos -dejando a las gallinas viudas- para mantener el silencio de las
madrugadas canarias.
Por ello, querido lector, lo que planteamos es que las leyes
han de hacerse de acuerdo con las necesidades y posibilidades de los pueblos en
las que se aplica.
Si no producimos huevos en la Comunidad Autónoma de
Canarias, habrá que importarlos y, en consecuencia, no nos alimentaremos con
huevos frescos y lo haremos a un precio más caro puesto que hay que pagar los
costes de transporte, embalaje y demás.
En ese sentido, hay que señalar que el precio de los huevos
ha aumentado el 34% en el último año, dato que debe llevarnos a la reflexión,
por no hablar de los puestos de trabajo -tan escasos en la actualidad-
vinculados no sólo de los huevos, sino al resto de productos que da nuestra
tierra y que servirían para el autoabastecimiento.
Estas líneas no sólo son de apoyo a los granjeros, que
tienen que poner como mínimo 15 euros de inversión por cada gallina en las
granjas sin haber cobrado el Posei de 2010 y con el señor Rajoy diciendo que no
hay dinero para 2011, sino que también queremos preguntarle al Gobierno de
Canarias el significado del autoabastecimiento y qué previsión tiene para
apoyar y potenciar que en estas Islas no dependamos en más del 90% de lo que
nos alimentamos de las bodegas de los barcos y aviones que llegan de fuera.
Las leyes tienen que adaptarse al territorio al que se va
aplicar y no es lo mismo Alemania que Canarias, aunque a efectos de la Unión
Europea seamos territorios similares a la hora de que las eurogallinas pongan
huevos.
Wladimiro Rodríguez Brito es DOCTOR EN GEOGRAFÍA
DIARIO DE AVISOS, 14 de Abril 2012
